Procesos de desvalorización del campesinado y antidemocracia en el campo colombiano

 

por CARLOS SALGADO ARAMENDEZ

Introducción

Uno de los fenómenos sociales más dramáticos de Colombia es el desplazamiento forzado de población. Según los datos del Grupo de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Población Desplazada, el 74% de esta población ha sido expulsada de territorios rurales, en los que dejaron abandonado su patrimonio económico y social.

El trabajo del Grupo de Verificación es claro en mostrar las cifras de este drama y avanza en la definición de propuestas sobre verdad, justicia y reparación. Sin embargo, bien vale la pena preguntarse por qué ha pasado y continúa sucediendo este fenómeno, por qué la sociedad urbana lo observa con indolencia y por qué las políticas públicas gubernamentales parecen no encontrar una respuesta que permita superar lo que la Corte Constitucional ha denominado el “estado de cosas inconstitucional”.

El fenómeno del desplazamiento ha permitido que algunas miradas vuelvan sobre la cuestión rural, concentrando su atención en la problemática de las tierras conculcadas y los mecanismos necesarios para su restitución. Si bien el tema de la tierra –del abuso sobre el recurso bajo control de la población desplazada y su concentración- es necesario, no parece suficiente para crear las condiciones de una reparación justa, brindar las garantías de no repetición y promover una estructura rural democrática e incluyente.

Este documento aprovecha la crítica situación creada en el campo colombiano para una lectura del problema y sugerir unos temas para el debate.

¿Es la Tierra realmente el problema central? 

La discusión actual sobre restitución y reparación se ha concentrado en la cuestión de la Tierra, convirtiendo a este factor en el eje del debate. Ello es así porque la tendencia histórica a su concentración, el uso actual y la presencia marcada de terratenientes e inversionistas se muestran estrechamente ligados a la dinámica de un conflicto que, se estima, es el causante último de la expulsión y el despojo. Pero esta no es la única versión, puesto que en la perspectiva gubernamental el conflicto no existe y se tiene entonces que es la presión de agentes del terrorismo la causante de la corrida de población; la derrota militar de estos agentes es entonces la condición para terminar con el desplazamiento y estabilizar el control sobre la tierra, a lo que se suman acciones de control territorial que brinden confianza para las inversiones en macroproyectos.

Pero sobre la Tierra como factor productivo, de renta y cultural existen varias interpretaciones que modifican sensiblemente las apreciaciones de quienes intervienen en los debates.

Desde la lógica de los programas de reforma agraria que estuvieron ligados a los modelos de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, la Tierra era un factor productivo esencial para el desarrollo de políticas agrarias activas, razón por la cual se promovió su uso hasta el punto de estimular la colonización como vía para ampliar la frontera agropecuaria y desfogar problemas sociales. Bajo esta perspectiva, la disputa por el recurso fue intensa, en tanto su tenencia permitía no sólo el acceso directo a una rica biodiversidad por explotar sino porque daba lugar al control de la población y del poder político. Téngase en cuenta que la economía colombiana ha tenido una dependencia histórica de los bienes y servicios prestados por la Tierra y su entorno, explícita en mercados externos legales e ilegales, divisas, alimentos, materias primas y mano de obra baratos. La acumulación originaria de la economía colombiana ha sido posible gracias a los recursos del ámbito rural, con el control sobre la Tierra como eje de ese modelo.

Los resultados de estos modelos en términos de equidad, justicia y democracia son paradójicos por varias razones.

• Primero, al tiempo que promovieron la modernización del campo a partir de una estructura de medianas – grandes propiedades, no crearon una institucionalidad lo suficientemente sólida que definiera de manera precisa los derechos de propiedad tanto privados como públicos.
• Segundo, hicieron eco de la perspectiva modernista de la economía que indicaba que la vía para salir del subdesarrollo era la industrialización que, al requerir trabajadores y alimentos baratos, demandó la modernización del campo y la expulsión de sus excedentes de mano de obra, de donde se derivó una política de reforma y reparto marginal de la tierra.
• Tercera, estos modelos de desarrollo definieron una cuádruple perspectiva sobre la población rural:

al sector de los colonos le asignó la tarea de abrir nuevas tierras sin definirles una estructura de asignación de propiedad, con lo cual facilitó su posterior despojo por parte de terratenientes;

a un sector del campesinado le asignó la tarea de producir alimentos baratos con un reparto mínimo de tierra o incluso sin reparto como en el caso DRI, y ser jornalero de las haciendas y explotaciones de materias primas, sin definirles una estructura moderna de derechos laborales;

otro sector del campesinado debió salir del campo bien mediante la exclusión del reparto de la tierra o expulsado a través de mecanismos de coerción sin que el Estado castigara estas acciones, y

se abrió espacio para la consolidación de inversionistas del agro y productores de materias primas sin regular su accionar económico.

• Cuarta, no se atrevieron a tocar la estructura terrateniente, que se consolidó a partir de la captación de rentas, el control político local y la cooptación de los espacios públicos de representación política, amparada en un tipo de presencia estatal centrada más en la fuerza que en la democracia.

Se tiene entonces una herencia compleja de los modelos de desarrollo industrial, promotores de la movilización de la población rural hacia distintos frentes bajo una perspectiva hegemónica en lo cultural y económico, en la cual el control sobre la Tierra jugó el papel de eje articulador puesto que su uso era vital para la reproducción del capital y la consolidación de los nuevos actores económicos.

Estos modelos tenían implícita una desvalorización relativa del campesinado, no sólo porque no lo estimaron sujeto apto para el desarrollo sino porque a una alta proporción le asignó un rol subsidiario, como peón de brega sin garantías en la apertura de nuevas tierras, como jornalero y proveedor de alimentos baratos. Esta desvalorización se hizo más fuerte en los procesos de ajuste del modelo, en la medida en que la reestructuración de los procesos fabriles, la flexibilidad laboral en la manufactura y la apertura de mercados han hecho menos necesarios el trabajo manual, la manutención de los trabajadores y ha facilitado un mayor flujo de alimentos en el mercado mundial.

¿Por qué subsiste el campesinado? La mayor parte de la teoría puesta al servicio de los modelos convencionales y alternativos del desarrollo, propios de la época entre los años cuarenta y ochenta, apostó por la rápida desaparición del campesinado y la consolidación de la agricultura empresarial con asalariados rurales.

Sin embargo, hay al menos cuatro razones que permiten entender por qué esta apuesta no se dio.

Primera, la disponibilidad de tierras y recursos por explorar y explotar no se ha agotado, pues de hecho sólo hasta años muy recientes se llenaron los vacíos al interior de la frontera agropecuaria y aún quedan los confines de la Orinoquia, el Chocó y algunas tierras altas. La política gubernamental no ha dictaminado un cierre de la frontera y es laxa frente a la colonización aún a costa de la destrucción de ecosistemas vitales.

Segunda, la incapacidad de la industria manufacturera para generar empleo productivo y con calidad a las capas urbanas deja un espacio amplio para la provisión de alimentos baratos, que el campesinado suple con solvencia.

Tercera, el campesinado ha desarrollado un amplio acervo de capacidades para lograr niveles de integración al modelo productivo y tecnológico, al aprovechar los resquicios y las políticas definidas a su favor, que le permiten ser sostén del sistema agroalimentario nacional; este papel ha permitido algunos momentos de articulación con el Estado.

Cuarta, las élites han hecho caso omiso del conflicto y han permitido el funcionamiento de una institucionalidad arbitraria que a la vez que promueve la barbarie contra la población rural, estimula sus acciones de resistencia, explícitas en múltiples acciones de orden económico, social, político y cultural.

Los estilos y modelos de desarrollo promovidos hasta los años ochenta tuvieron una visión sobre lo rural, sobre la Tierra en particular, y generaron unas formas específicas de integración – expulsión de la población; se lucraron incluso de unos ciclos de la violencia para intentar ajustar el uso de los recursos y desde el desdén modernista procuraron hacer funcional a sus intereses el conflicto colombiano.

Pero la visión sobre la cuestión rural cambió desde los años noventa y con ello la importancia de los anteriores factores productivos (capital, tierra, trabajo), de los mecanismos de integración y de presión sobre la población. Fueron varias las razones que impulsaron el cambio de perspectiva: la mayor apertura del mundo gracias a los sistemas de información basados en el concepto de red, las transformaciones en el modelo fabril con el desarrollo de la tecnología, la aplicación del conocimiento tecnológico a todos los procesos productivos dados los avances en el descubrimiento de nuevos materiales y la aplicación de la  ciencia a los procesos de la vida, la desregulación laboral, la consolidación de bloques regionales de países, y la disputa por recursos y mercados localizados en territorios específicos. Sobre estos cambios, entre otros, la visión sobre lo rural fue influenciada, en particular, por la perspectiva europea para la definición de su “política agrícola común –PAC-”.

En el contexto de la configuración de la Unión Europea, el debate sobre la PAC fijó sus argumentos en la necesidad de reconocer que lo rural era mucho más que lo agrícola, que la política debía permitir la explotación de multiplicidad de recursos y que éstos se encontraban en territorios específicos. En consecuencia, tendió a definir programas institucionales concretos para apoyar estos territorios –conocidos como Leader y de integración municipal- y proveyó los recursos para el reacomodo productivo de la población. Tras unos años de infructuosa aplicación directa de los programas de apertura en el campo, la tecnocracia y la academia latinoamericana, incluida la colombiana, apropio la matriz de la PAC para implementarla como paradigma en nuestros países sin reparar en las diferencias de contexto, en particular, las relativas al desarrollo de conflictos armados como el colombiano. Su argumento principal para hacer tal copia de la matriz, se basó en que muchos años de apoyo a la agricultura y a la reforma agraria sólo arrojaban como resultado una estructura poco democrática y eficiente que demandaba no sólo un cambio de visión sino de institucionalidad. En unos muy pocos años, bajo la influencia del IICA, la matriz en debate para la PAC pasó a definir la política para lo rural, colocando el énfasis en la multiplicidad de servicios y actividades posibles en los espacios rurales que deben ser aprovechados con la aplicación del conocimiento más avanzado, en la necesidad de intervenir sobre territorios y promover el empresariado como actor clave en la nueva reconfiguración. Esta versión acogió los conceptos de “multifuncionalidad de la agricultura”, “agricultura ampliada” y “desagrarización del campo”, que en buena medida han sido recogidos por lo que se ha dado en llamar la “nueva ruralidad”, conceptos que se han mezclado con un poco del marco teórico del desarrollo endógeno en lo que respecta al análisis micro, el desarrollo de los contratos y los sistemas de información .

Como se observa, desde el punto de vista tecnocrático, académico y gubernamental, las categorías del desarrollo rural son otras. De las políticas sectoriales activas se pasó a las áreas de trabajo; de los viejos factores productivos –capital, tierra, trabajo- se pasó a las nuevas formas del capital (social, humano, físico, natural), a los bienes y servios públicos, y al desarrollo de la capacidad científica y tecnológica para la aplicación del conocimiento; del análisis de estructuras se pasó al desarrollo institucional y a la primacía suprema del mercado externo como finalidad del proceso económico, bajo las premisas de competitividad no sólo de los factores sino de los territorios. Bajo este esquema, el actor fundamental es el “empresario”, único sujeto capaz de integrarse en la dinámica global, con lo cual se fortalece una nueva ola de desvalorización del campesinado.

El mundo rural ha sido también el escenario central del conflicto social y armado. La disputa por el control de la Tierra fue el eje de múltiples conflictos generados desde el siglo XIX por la política de concesiones y por la decisión gubernamental de a quién asignarla, como sucedió con la guerra desatada en los años treinta del siglo pasado. La ley 200 optó por los propietarios medios y grandes, haciendo del concepto de “función social” en el marco de su propuesta modernista, un medio para excluir a los colonos y campesinos. La violencia ganó entonces un estatus formal y desde entonces, y hasta los años ochenta, fue el marco entorno al cual se desarrolló la política rural, la lucha social y la confrontación terrateniente. Esta multiplicidad de actores fue el espacio propicio para la continuidad y extensión del conflicto armado, provisto de una ideología distinta bajo el Frente Nacional. Pero en las dos últimas décadas, el conflicto ha cambiado su composición y algunos de sus actores han mantenido la Tierra como botín de guerra, puesta en un contexto en el cual intereses particulares propios de élites locales y nacionales se lucran de la coerción para ampliar sus rentas a través del control sobre los recursos públicos y la población, lógica que apunta a controlar el territorio (el espacio) y la territorialidad (el poder), con fuertes inversiones privadas para controlar también la economía local. Esta lógica, que combina la promoción de la inversión con la coerción, ha hecho funcional para sí tanto el conflicto como la política pública, que no se ha hecho preguntas sobre la relación entre economía y conflicto. Lo rural, la Tierra en particular, no se entienden entonces sin el desarrollo del conflicto colombiano.

¡Es el reconocimiento de los actores y sujetos sociales!

El campesinado y los pueblos rurales han desarrollado una lucha de siglos por el acceso y control sobre los recursos, la tierra y territorios. Los pueblos indígenas y afros han logrado conquistar legislaciones especiales que les confieren un estatus de ciudadanía acorde con su manera de interpretar culturalmente sus derechos, puestos en un lugar concreto, un territorio, sobre el cual tienen –al menos jurídicamente- control, es decir, ejercen territorialidad. Dentro de ello, la ley les otorga titularidades especiales sobre los recursos, el territorio y la justicia. Ello no es así para el campesinado, desprovisto de reconocimientos elementales como el de ser sujeto cultural y del desarrollo. El repertorio de protestas campesinas y sus proclamas han reclamado por siempre un estatus acorde con su situación, estatus al que creen tener derecho no sólo por el simple hecho de ser humanos sino por las contribuciones que hacen a los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Así lo expresó el Mandato Campesino de finales de los años sesenta del siglo pasado y el Mandato Agrario, de finales de los años noventa. No han reclamado una ciudadanía similar a la indígena, a la afro o a la urbana; han reclamado una que les permita una integración a los procesos de desarrollo ubicados en su contexto, derecho ciudadano que les ha sido negado por la desvalorización que han sufrido.

Un sujeto social desvalorizado suele no ser reconocido socialmente y sufre un daño severo en la construcción de su propia subjetividad. El no reconocimiento social conduce a que la sociedad no avale procesos de redistribución de activos en su favor, constituyendo una doble falla que configura un cuadro de injusticia con el cual es tratado. Sin reconocimiento y sin redistribución a su favor, este sujeto es fácilmente vulnerado por aquellos otros sujetos u actores que creen tener el favor de la sociedad porque portan los “valores” que impone el desarrollo.

La disputa ideológica y práctica por la Tierra se ha diluido ante la fortaleza de los otros actores que intervienen en el mundo rural, que la apropian para explotar los recursos que sustenta, ejercer controles territoriales e imponer sus normas. En este sentido, el enfoque que copia la matriz de la política europea resulta ser completamente funcional al conflicto colombiano y sus manifestaciones. Al colocar el territorio – recursos en él existentes- como sujeto de la política y romper la relación sujeto (comunidad) – trabajo – tierra, termina poniendo en cuestión el manejo de la territorialidad, es decir, del sistema de poder que controla el territorio. Por ello, los actores de la violencia se ven impelidos a desocupar el territorio de población, de organización social y política para definir una nueva forma de poder, acción en la que arrasan incluso con la legislación existente (la de pueblos indígenas y afros). Su accionar tiende entonces a des-configurar el territorio en la forma actual para reconfigurarlo de acuerdo a sus intereses, con la dotación de población mínima necesaria. El desplazamiento forzoso de población es entonces un mecanismo adecuado para esta reconfiguración.

La Tierra en sí misma es valiosa como recurso físico y económico pero como proceso social y político tiene una importancia relativa puesto que no puede/debe entenderse por sí misma sino con todo el conjunto de relaciones con que se asocia. En el mundo rural no hay cultura sin la Tierra, pero ella no es sin su entorno ecosistémico, cultural y las maneras de transformarla. Por ello mismo, en lo que tiene que ver con el fenómeno del desplazamiento forzado, la relación principal a resaltar es el vínculo que se establece entre el sujeto y la Tierra: ¿puede el primero hacer un ejercicio de enriquecimiento social y cultural con la segunda? ¿Cuál es el tipo de ejercicio que puede/debe reconocer la sociedad? ¿Cuál entonces el tipo de sujeto? ¿Amerita este sujeto acciones de redistribución en su favor? ¿En caso de despojo, la sociedad puede y debe reconocer y avalar acciones de restitución y reparación porque el ejercicio del sujeto se estima valioso económica, política, cultural y socialmente?

En la lógica convencional del desarrollo –refiriéndonos con ello a la economía eficientista y productivista- la Tierra es despojada de todo atributo cultural comunitario para pasar a ser parte relacional con otros factores productivos puestos en juego en un nuevo modelo cultural y social, agenciado por actores que se estima son capaces de constituir capital humano y social, aquellos fundamentados en un tipo universal de educación y capacidad de cooperación. El exMinistro de Agricultura, Andrés Arias, expresaba esta lógica de manera clara en el caso Carimagua, cuando desestimó a las familias campesinas como hábiles para trabajar estas tierras y valoró únicamente al “empresariado”.  Es decir, en su lógica, la Tierra está allí pero no el sujeto apropiado.

En consecuencia, el centro del problema no es la Tierra, sin que ella deje de ser crucial. El centro del problema es el reconocimiento del sujeto. Si este reconocimiento no se hace efectivo o, en otras palabras, si para el caso del campesinado, indígenas y afros no se corrige la falla de reconocimiento que ha dado lugar al desplazamiento forzado y a la no reacción de la sociedad frente a esta atrocidad, cualquier política redistributiva será mínima y no brindará garantías de no repetición del desplazamiento. Es decir, el Estado hará una cesión mínima de un activo con un respeto mínimo del sujeto, pues su apreciación desvalorizada del sujeto así lo indicará. Puesto este argumento en otras palabras, la única manera de que haya reparación con justicia, es que la memoria de la contribución del campesinado a la sociedad colombiana sea restablecida para que ni la sociedad ni el Estado permitan que estos hechos se repitan y en consecuencia protejan las acciones de restitución y reparación.

Bajo esta perspectiva, las acciones de política podrán determinar cuál es el papel que los diferentes actores pueden jugar en el espacio rural y cuál el manejo de las relaciones de poder; es decir, quiénes ocupan qué territorios, para qué y con que mecanismos de poder avalados social y políticamente.

¿Cómo reparar las fallas de reconocimiento y redistribución?

A pesar de la existencia de un discurso hegemónico sobre lo rural, hay distintas variantes e interpretaciones sobre cómo llevar a cabo la política concreta, bien desde lo convencional como desde lo alternativo. Un ejercicio de sistematización[1] sobre las agendas rurales muestra que los temas que discuten hoy abren un espectro amplio para el debate.

La Tierra y el desarrollo. Se esbozan estas grandes lineas:

a. Reforma agraria. Cinco posiciones analíticas:

• El problema central del campo es la distribución de tierras acompañada de una política social (crédito, asistencia técnica, servicios, educación, etc). Es el punto de partida del Mandato Agrario.
• El problema central es el acceso del campesinado a más tierra para poder aplicar su recurso de mano de obra, tanto a través de la redistribución como del mercado de tierras. Visión de algunos académicos.
• El problema central no es la tierra, es la sujeción de la mano de obra, caso en el cual la distribución es sólo una parte del problema. Incluso, hay tierra sobrante. Visión de algunos ambientalistas.
• El problema no es la tierra, es el conocimiento, caso en el cual su distribución se desvaloriza como estrategia de desarrollo rural. Visión de los enfoques contemporáneos sobre desarrollo, influenciados por el IICA y el Banco Mundial.
• El problema es el control del territorio, para explotar los recursos allí existentes. Visión del gobierno.

b. Cómo hacer distribución de tierra: Cinco opciones:

• Vía reorganización de la estructura de la tenencia de la tierra, tanto con una política de reforma profunda como con acciones que den poder al campesinado.
• Vía mercado, tanto a través del mercado de tierras promovido por el gobierno como a través de la promoción y apoyo del mercado desarrollado por el campesinado.
• Una combinación de ambas formas, definiendo los lugares y sujetos de expropiación, de conflicto, de compra y de promoción del mercado.
• Reorganización de la estructura de la propiedad vía impuestos, castigando duramente los usos improductivos y actualizando catastro.
• Acceso por vía de arrendamiento y no necesariamente por redistribución de la propiedad.

c. Reforma rural más que reforma agraria: la reforma agraria sin una reforma del ámbito rural no resuelve ningún problema, caso en el cual su ejecución estaría subordinada a reformas en el ámbito de lo rural. Queda la pregunta: ¿desde cuál enfoque? Desde la lógica de los enfoques territoriales, es una reforma esencialmente institucional.

d. Reforma ambiental más que reforma agraria: la redistribución de la tierra sin atender al estado de los recursos y los ecosistemas, sólo conducirá a un mayor deterioro de dichos recursos y ecosistemas y al empobrecimiento de los supuestos beneficiarios.

e. Reconocimiento y redistribución: el problema central no es la tierra, es el reconocimiento del campesinado como actor social, sin el cual las acciones de redistribución son marginales e inocuas.

f. Vía colonización: Dos posiciones:

• Se promueve la colonización acompañada de política social.
• No se promueve la colonización y se exige la redistribución dentro de la actual frontera agropecuaria.

g. Tierra y conflicto: plantea el problema de territorios y territorialidad, especialmente de pueblos indígenas y de población afro, la posibilidad de disputar territorios para el campesinado, y la resolución de las tierras expropiadas por los actores de la violencia.

Los Actores. Tres temas centrales:

• Los actores del desarrollo rural: quiénes son, qué roles desempeñan, qué responsabilidades  les asigna la sociedad.
• El campesinado: cuál es la visión que se tiene de él (heterogeneidad, identidades, niveles de integración a los mercados, tecnologías apropiadas, ingresos, pobreza, capacidades, desarrollos tecnológicos, procesos políticos en defensa de derechos, imaginarios, economía familiar, asociaciones, etc), cuál son los roles que se le asignan en lo económico y en lo político y cuáles las estrategias de reconocimiento.
• El empresariado: ligado a cadenas de producción, clubsters y redes de cooperación, orientados principalmente a la exportación.

La sustentabilidad. Cuatro temas:

a. Seguridad y soberanía alimentaria. Dos enfoques:

• Seguridad alimentaria, propio de la economía y la política convencional: la seguridad alimentaria se refiere a la provisión de alimentos de calidad y baratos a la población, sin importar su lugar de origen en el mercado internacional.
• Seguridad, autonomía y soberanía alimentarias, propio de las organizaciones alternativas que promueven la producción y defensa del mercado interno, de la biodiversidad y la reducción de la dependencia –no siempre- ecológica.

b. ¿Con qué tecnologías? Al respecto, dos posiciones:

• Con la tecnología de la “revolución verde”, haciendo los ajustes biotecnológicos; se argumenta que el campesinado se ha apropiado de esta tecnología y podría hacer los ajustes sin dificultad.
• Con tecnologías alternativas, pero ¿cuáles? Hay al menos 20 tipos de “agriculturas para la vida”. ¿Cuál o cuáles de ellas se ajustan a “nuestro” enfoque del desarrollo?

c. Desarrollo rural y biotecnología vs sustentabilidad. Dos enfoques:

• La resolución del desarrollo rural, dados el volumen de población y la estructura de los ingresos, sólo es posible con la aplicación de los desarrollos tecnológicos tipo transgénicos o propios de la biotecnología (insumos seguros para el medio ambiente) al conjunto de bienes existentes en el medio rural.
• El desarrollo rural apuntalado en la aplicación de la biotecnología no reduce ni la dependencia ecológica ni el intercambio ecológico desigual. Pero otra vez, el problema: ¿qué enfoque de sustentabilidad?

d. Reforma rural ambiental. Cuatro temas:

• Definición de la unidad ambiental: ecosistemas, cuencas, regiones ecológicas, suelos.
• Reforma ambiental que relacione ecosistemas y culturas y no unidades administrativas o políticas (en este caso se opone al enfoque de reforma territorial, más de corte administrativo).
• Definición de los procesos de transformación productiva y usos del suelo.
• Conflictos ambientales: agotamiento de los recursos, apropiación y distribución de los recursos, usos de la biodiversidad, control de los recursos incluida la mano de obra y el mercado de tierras, mecanismos de sujeción incluida la violencia política.
• El territorio: como unidad de control y manejo de los recursos desde la óptica de la economía ambiental.

Cultivos de uso ilicito. Tres lecturas al respecto:

• Son cultivos ilícitos, proscritos y son un problema. Solución: erradicación y sustitución forzada.
• Son cultivos de uso ilícito y su solución nace de la concertación y políticas sociales dirigidas.
• Son cultivos de uso ilícito y su solución depende de la solución de la cuestión rural.

Un tema por trabajar

Las ciudades y las regiones: huella ambiental, sistemas de abasto alimentario, servicios ambientales, satisfacción de necesidades básicas, transformación productiva (agroindustria), gobiernos locales y participación.

A pesar del espacio que han perdido los temas rurales en el medio académico, los pocos lugares en los cuales aún se produce conocimiento sobre el tema -las organizaciones sociales y ONGs-, generan opciones que hacen contraste con la política gubernamental, tan centrada en una visión unilateral. Este debate es esencial para la toma de decisiones sobre lo rural, la agricultura y los actores que han de continuar interviniendo, puesto que el conflicto social, político y armado, la política gubernamental y las acciones sociales de resistencia tienen de hecho un lugar teórico y práctico que produce consecuencias.

Lo que quiere manifestar este ensayo, es que las acciones de restitución y reparación de la población desplazada deben ser entendidas en el por qué del fenómeno para que den pie a la construcción de la memoria, aquello que lo produce. En este sentido, la memoria no es sólo el anecdotario histórico de los hechos, es la razón explicativa del contexto social, económico y político que ha dado lugar a que la arbitrariedad, vuelta hecho político y social, conduzca a fenómenos como el desplazamiento, dentro de lo cual las estrategias de desarrollo rural no están exentas de responsabilidad; en consecuencia, la política gubernamental por acción u omisión, dado que hubo suficientes llamados desde distintos lugares de la sociedad para que atendiera los problemas derivados de sus enfoques y prácticas.

El mundo rural no tiene que albergar sólo al campesinado, a los indígenas y afros. También pueden están en él, inversionistas del agro y del turismo, medianos y grandes propietarios (¿con cuál límite a la propiedad?), comerciantes, funcionarios, curas, etcétera, toda la gama de actores que lo hacen un mundo cosmopolita por el cruce de culturas y mediaciones. Pero ello exige precisamente que se reconozcan las diferencias, los procesos identitarios y sus roles. Nada dice que el desarrollo rural debe ser sólo para un actor, sobre todo cuando las estructuras económicas y sociales industriales no han podido brindar a la población urbana empleo y vida con calidad y dignidad. Si este es un hecho demostrable estadísticamente, ¿por qué seguir dando pie a los enfoques que parten de la sobreoferta o excedente de mano de obra en el mundo rural y que al promover la expulsión de población terminaron siendo funcionales al conflicto?

Este ensayo también quiere dejar explícita la contribución del campesinado a la economía nacional. Algunos de los estudios académicos manifiestan que el campesinado se ha encargado de producir como tendencia histórica, alrededor del 65% de los alimentos de consumo directo, el 35% de la leche, el 5% de las aves, el 30% del café de exportación, el 14% de los pastos. Los cultivos predominantemente campesinos cubrían a comienzos de siglo, el 67.2% de la superficie cosechada y generaban el 60.1% del valor de la producción agrícola y aportaban el 35% de la canasta diaria de consumo de la población colombiana. En este sentido, la primera acción de reparación que instancias como la Corte Constitucional y las organizaciones de la sociedad civil pueden desarrollar, es la de mostrar a la sociedad colombiana el aporte de los pueblos rurales a la sociedad, la economía y la cultura, que se hacen explícitos, entre otros, en la seguridad y autonomías alimentarias de que gozamos y en la fortaleza institucional que para la democracia brinda la pluralidad de sus organizaciones. El sólo hecho de hacer este reconocimiento implica mostrar a la sociedad la arbitrariedad de la estructura actual, que permite y avala esta violación de los derechos humanos de la que ahora es población desplazada.

Las acciones de reparación también pueden demandar del gobierno la apertura de un debate sobre el presente y futuro del desarrollo rural, no sólo porque se mantiene el “estado de cosas inconstitucional” sino porque el desplazamiento de población continúa.

Este podría ser el principio de las acciones de reparación tendientes a corregir las fallas de reconocimiento y redistribución tan propias de los procesos de desvalorización del campesinado. Sin memoria, estos dos elementos no ayudarán a construir un sentido de la justicia que avance en la garantía de no repetición. Sin estos componentes, el debate sobre la reparación a la población desplazada centrado en la Tierra puede no sólo ser insuficiente sino inocuo, puesto que los agentes que hoy la detentan querrán demostrar que son capaces de usufructuarla, como siempre, con el apoyo gubernamental.