Proyecto planeta paz. Lineamentos para una propuesta de política pública para el mundo rural

 

por CARLOS SALGADO ARAMENDEZ

EL CONTEXTO

El Estado colombiano nunca ha tenido una política de manejo del territorio nacional. Su política se ha basado en seis tipos de acción: entregar porciones del territorio a través de concesiones  particulares; fomentar la colonización dirigida, con escasa claridad sobre el futuro a construir en estas zonas; permitir la colonización espontánea como forma de ampliar la frontera, con muy escasos mecanismos de control sobre el tipo de relaciones que se constituyen; hacer reconocimientos parciales de derechos de propiedad y omitir una acción continuada de clarificación de dichos derechos; realizar ejercicios parciales de reconocimiento de ecosistemas estratégicos, y definir por presiones sociales los resguardos indígenas y territorios afros.

Exceptuando la asignación o reconocimiento de territorios afros e indígenas, las otras formas se han caracterizado por una escasa extensión de organizaciones o instituciones estales tanto que permanezcan en el tiempo como que definan las reglas de juego, controlen la emergencia de conflictos y consoliden el marco de derechos a toda la población.

El territorio colombiano se ha construido, en términos de su poblamiento y uso de los recursos, a partir de dinámicas conflictuales que se rigen, en general, por mecanismos de coerción para el ejercicio del control de los recursos y la población.

En este juego de expansión continuada de la frontera productiva, el mundo rural colombiano ha tenido cinco características.

Primera, la producción agrícola moderna se ha hecho sobre islas productivas que han funcionado como enclaves, con niveles diferentes de relaciones con la institucionalidad local, regional, nacional e internacional. Estas islas se han alimentado y han inducido un desarrollo desigual de las regiones, de las prácticas sociales y productivas, y de los vínculos con el Estado, pues han operado sobre presiones o cooptaciones acordes con el poder de los grupos que las gestionan.

Segunda, la expansión ganadera y forestal se ha hecho en su mayoría a costa de las dinámicas de  colonos y campesinos que han abierto la frontera buscando tierras dónde asentarse, sin que el Estado les garantizase, en general, derecho alguno para consolidar  su propiedad y estabilizar a sus familias.

Tercera, el campesinado colombiano se ha formado apegado a núcleos poblacionales que logró consolidar y defender históricamente, a políticas estales que le han integrado parcialmente y a las dinámicas de los mercados de tierras y productos.

Cuarta, en los territorios rurales se han desarrollado explotaciones mineras que no han sido vinculadas ni al manejo de los territorios ni mucho menos a los asuntos rurales, con lo cual su expansión se hace sin tener presentes los impactos y conflictos que genera.

Quinta, solo en algunos períodos se han tomado en consideración aspectos ambientales para pensar la política para la cuestión rural, de tal manera que la transformación de los recursos disponibles en los territorios no obedece a previsiones sobre su estado pasado, actual y futuro para tomar decisiones sobre cómo, dónde y quién interviene dichos recursos. La excepción solo se encuentra en la política de parques nacionales.

El desarrollo de las islas productivas -protegidas con mecanismos económicos, políticos y militares- como opción preferencial de la política económica para el sector agropecuario ha tenido también las características de dejar espacios vacíos que han servido para la expansión sin control de la frontera agropecuaria, la consolidación de actores legales e ilegales que imponen sus normas sobre los territorios y la población, y la constitución de corredores por los cuales circulan aún todos los actores del conflicto. Estas características son una muestra fehaciente del escaso interés del Estado colombiano por diseñar una política sobre el manejo del territorio nacional y de la actitud de las élites rurales conformes con las rentas y subsidios ganados en sus islas. Esta es también una de las razones que permite entender por qué el agro colombiano no se puede explicar sin el conflicto –los conflictos- y por qué este tipo de política de crecimiento ha catalizado el conflicto –los conflictos–.

La agricultura empresarial colombiana, en particular, ha operado sobre esta estructura de islas, centrada en territorios fácilmente identificables, relativamente protegida por la institucionalidad estatal y articulada de manera precaria con los centros urbanos. El Informe de Desarrollo Humano 2011 muestra, por ejemplo, que no hay una relación directa entre el avance de los derechos sociales en zonas urbanas y rurales, muy  a pesar de la prosperidad de muchas de las actividades que se desarrollan en el mundo rural.

El diagnóstico del INDH 2011, basado en estudios del IGAG, es que en torno a esta estructura de uso del suelo, sólo el 41.2% del área tiene usos adecuados sin conflictos, 16% tiene conflictos por subutilización y 26.15% por sobreuso[1].

Uso de la tierra 1995 – 2009 (Hectáreas)

Actividad	1995	2009	Variación	% variación
Agricultura	4.216.409	3.354.349	-862.060	-20.45
Pastos	30.308.867	39.196.059	8.887.192	29.32
Bosques	8.862.306	7.425.041	-1.437.265	-16.22
Otros usos	1.573.403	966.294	-607.109	-38.59
Total	44.960.985	50.941.743	5.980.758	13.30

Fuente PNUD [2011]. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: INDH, PNUD. Cuadro 3.2, Página 92.

Estos conflictos han tendido a agudizarse por la presión de los usos mineros, que se expresa en el aumento de las licencias otorgadas. Según el INDH 2001, “Entre el año 2000 y noviembre de 2010 el Ministerio de Minas otorgó 7.264 títulos mineros y tramitó 17.479 solicitudes … mientras la superficie que se contrató rebasó las 5.8 millones de hectáreas, área superior a las extensiones dedicadas a la actividad agrícola [INDH 211, 97]. Incluso estimó que a junio de 2011 los títulos otorgados ascendieron a 9.000 y las solicitudes de titulación a 20.000. Discriminados por años, en el 2000 tantos los títulos vigentes como las solicitudes no eran mayores a 600 y ya en el 2009 los títulos vigentes eran 1.582 y las solicitudes mayores  a 4.700 [Ibid].

En realidad, estos conflictos no son nuevos. El ciclo más reciente de conformación de la frontera agropecuaria colombiana inició en los años treinta del siglo pasado con la dinámica de confrontación entre colonos y terratenientes por el control de la tierra para dar paso a la naciente agricultura moderna. Varios estudios han señalado que entonces ya se reconocía la ilegalidad de un alto porcentaje de los títulos sobre la tierra que ostentaban los poderosos y sobre los cuales basaban su férreo control político y rentístico[2]. Pero la Ley 200 de 1936 no resolvió esta situación y centró su objetivo en abrir el espacio para los medianos y grandes propietarios, dejando por fuera del reparto a campesinos y colonos, para los cuales sólo hubo reglamentaciones relacionada con el arrendamiento, el colonato y la aparcería.

No ha habido en la historia de Colombia un intento de redistribución de la tierra que cierre el desborde de los terratenientes en su interés por despojar a los colonos y empujarlos más allá de los límites conocidos. El Estado colombiano poco se ha preocupado extender los derechos hasta estos límites, caso en el cual la frontera se construye sobre conflictos que son estimulados por el comportamiento estatal mismo. Es esta una de las razones por la cual la cuestión rural no se puede entender sin los conflictos y su relación con la política gubernamental. Las 38 millones de hectáreas en pastos son la materialización de estas prácticas.

Estos elementos explican también la dificultad de la agricultura para utilizar un área mayor y la relativa comodidad de los agricultores empresariales para sostenerse sobre sus ganancias y rentas en un hectariaje que es la quinta parte del área potencial agrícola. La historia parece mostrar un acuerdo tácito entre éstos y los ganaderos para no entrar en disputa por las nuevas tierras incorporadas a la frontera. Explican también la enorme distancia entre la política pública para el agro –usualmente dirigidas al crecimiento del producto- y las prácticas gaseosas de desarrollo rural,  relacionadas con políticas de compensación –focalización- para la población más pobre o vulnerada por fuertes conflictos.

Cuando se habla entonces hoy día de cuál desarrollo rural surgen tres preguntas: ¿se pretende reproducir el esquema de islas productivas bajo un nuevo tipo de grupos gestores que controlan territorios, se suponen más eficientes y con mayor nivel de integración a dinámicas del mercado, en particular, internacional?, ¿se busca pensar solo la integración de prácticas productivas y extractivas a una dinámica de transformación de los territorios y regiones? o ¿se trata de pensar y diseñar una política de desarrollo rural que relacione la dotación de recursos y su manejo con la creación de condiciones de calidad vida para la sociedad, en particular, para las sociedades rurales?

Si se asumen como positivas las dos primeras preguntas, la respuesta inmediata es la de expresar una perspectiva arbitraria del desarrollo rural pues se estarían reproduciendo las viejas prácticas, bajo nuevos parámetros, que catalizan los conflictos y empoderan a unos pocos actores. Sin embargo, hay que empezar por reconocer la necesidad de resolver la predominancia del actual esquema de operación de las actividades agrícolas, pecuarias y mineras rurales que se extiende como manchas sobre el territorio nacional.

Si se asume una respuesta positiva a la tercera pregunta, se debe pensar en un desarrollo rural que no solo considere las dinámicas de la reorganización presente y futura de lo actualmente existente sino también la ocupación y uso de nuevos espacios y recursos, el bienestar de las poblaciones rurales y la transformación positiva de los conflictos. Quiere esto decir que el desarrollo rural es el  resultado de pensar y diseñar qué, cómo y quién (es) usa los territorios y los recursos acorde con un modelo que tienda a transformar las formas y prácticas de la política que han dado lugar a la situación actual tanto en lo económico y político, como en las formas de ocupación del espacio y el uso de los recursos.

Es bien cierto que las islas productivas pueden extenderse y operar bajo esquemas de seguridad militar y protección económica, caso en el cual se pueden crear y extender mecanismos de subsidio a nuevos productos, a aquellos promisorios en mercados externos, al uso de nuevos territorios y prácticas con diferentes niveles de protección ambiental.

El origen de la concepción teórica que plantea el proyecto de ley de desarrollo rural propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos 

El proyecto del gobierno se define teóricamente bajo el concepto de desarrollo rural con enfoque territorial.  Su origen se remonta a los diseños desarrollados por la Unión Europea desde los años sesenta del siglo pasado para configurar su Política Agrícola Común –PAC-. El esfuerzo de unión territorial y comercial les llevó a reorganizar las actividades productivas agropecuarias desde la perspectiva de las múltiples actividades susceptibles de desarrollar en lugares específicos con diferentes niveles de afectación a los actores allí presentes. Esta perspectiva llevó a una reflexión sobre el espacio y el territorio, el uso de los recursos, el enfoque de las políticas y el rol de los actores. En conclusión, la PAC encontró la necesidad de reorganizar las actividades productivas, explotar todos los recursos disponibles, darle más funciones al espacio rural, ampliar la acción de la política sobre la multiplicidad de actividades posibles en lo rural, replantear el rol de los actores y la institucionalidad necesaria para llevar adelante el nuevo enfoque sobre el desarrollo rural. Cabe anotar que la Unión Europea aún no ha terminado de diseñar su política.

El tránsito de este enfoque empezó a incidir en los programas rurales colombianos desde finales de los años ochenta. En particular, el CINEP propuso el formato de los programas Leader –entendidos como la aplicación operativa municipal del enfoque de la PAC- para el programa de desarrollo del Magdalena Medio. A finales de los años noventa, Jesús Antonio Bejarano[3] inició la discusión académica sobre la necesidad de un concepto ampliado sobre lo rural, la desagriculturización de la política para el sector y la nueva mirada sobre los territorios y los actores.

Como propuesta formal, la Misión Rural, con apoyo del IICA, formalizó en el año 1998[4] la publicación de diez tomos en los cuales delineó lo que llamó la Nueva Ruralidad, como enfoque formal que copió la matriz de la PAC.

Esta nueva propuesta evolucionó hasta dar lugar al llamado enfoque territorial para el desarrollo rural o desarrollo rural con enfoque territorial, con trabajos de corte académico que se formalizaron hacia el año 2003.

QUÉ SE ENTIENDE POR DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL

Las siguientes definiciones expresan de manera clara qué se entiende en el ámbito latinoamericano sobre el tema en referencia.

Para el IICA [2003], “El concepto de desarrollo rural sostenible […..] aborda la gestión del desarrollo desde una perspectiva territorial. Su punto de partida es el análisis dinámico e integral de las dimensiones económica, social, ambiental y político institucional. Su objetivo es reducir la pobreza y promover el bienestar de la población rural, potenciando su contribución estratégica al desarrollo general de la sociedad. Su planteamiento es la formulación de estrategias e instrumentos de política que conduzcan a la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial en regiones principalmente rurales. El desarrollo territorial que se promueve aspira a reducir la pobreza y las inequidades en la distribución de los ingresos; a mejorar la seguridad alimentaria de los pobladores rurales; a impulsar el desarrollo humano de los actores sociales; a disminuir tasas sesgadas de crecimiento de la producción y patrones inadecuados de transporte y movimiento de bienes y a promover patrones de uso sostenible de los recursos naturales” [5].

Los propósitos superiores del concepto son los de cohesión social y cohesión territorial, entendidos como expresión de las sociedades nacionales, de los espacios, recursos e instituciones.

Los elementos que definen como relevantes para la gestión de las políticas públicas con enfoque territorial, son:

• Relevancia del territorio para que se constituya en el objeto de las políticas públicas.
• Necesidad de desarrollar políticas públicas adaptadas al contexto.
• Cooperación entre agentes públicos y privados.
• Importancia de redefinir el papel del Estado, especialmente, en lo relativo a la provisión de bienes públicos, regulación de la economía y construcción de democracia e institucionalidad local.

Frank Ellis y Stephen Biggs [2001][6] fueron más precisos al decir que “Si un nuevo paradigma de desarrollo rural debe emerger, debe ser uno en el cual la agricultura asuma su lugar junto con un conjunto de otras actividades actuales y potenciales rurales y no rurales, que son importantes para la construcción de medios de subsistencia sostenibles, sin darle una preferencia excesiva a la agricultura como la única solución para la pobreza rural. Es en este sentido que la trans-sectorialidad y la diversidad multi-ocupacional de los medios de vida rurales deben convertirse en la piedra angular de las políticas de desarrollo rural, si se quiere que los esfuerzos por reducir la pobreza sean efectivos en el futuro”[7].

El siguiente cuadro muestra los cambios en los énfasis sugeridos por el nuevo enfoque.

Nuevos énfasis del enfoque territorial del desarrollo rural

Enfoque tradicional		Enfoque territorial
Descentralización y reforma del Estado		Ordenamiento territorial
Participación y compensación		Cooperación e inclusión
Perspectiva ambiental		Desarrollo sostenible
Economía agrícola		Economía territorial
Tecnología para la productividad		Innovación tecnológica y competitividad territorial
Sistemas pasivos de información		Sistemas vivos de gestión del conocimiento
Capital físico		Capital natural, capital humano, capital social
Urbano – rural		Fluidez entre lo urbano y lo rural
Énfasis sectorial, focalización en productos		Enfoque multisectorial, énfasis en cadenas y clusters productivos
Política orientada por la oferta		Políticas orientadas por la demanda

Fuente: Tomado de IICA [2003], Recuadro 7. Página 21.

Desde otro lugar, Alexader Schejtman y Julio Berdagué [2003] entendieron  el “DTR [Desarrollo Territorial Rural] como un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus beneficios”[8].

Los conceptos básicos que acompañan su definición, son:

• Terminar con la identidad rural = agropecuario.
• Importancia de los vínculos con mercados dinámicos.
• Innovación tecnológica.
• Exigencias de reformas institucionales.
• Descentralización y gobierno local.
• Importancia de la concertación social, inter-social y público – privada.

Los criterios operativos de su propuesta apuntan a:

1. La transformación productiva y el desarrollo institucional se deben abordar de forma simultánea en los programas de DTR.
2. Los programas de DTR deben operar con un concepto ampliado de lo rural.
3. Para los programas de DTR, el territorio es un espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente.
4. Los programas de DTR deben considerar explícitamente la heterogeneidad entre territorios.
5. Los programas de DTR deben convocar a la diversidad de agentes en el territorio.
6. Los programas de DTR deben considerar las combinaciones de tres posibles rutas de salida a la pobreza (vía agrícola, vía rural no agrícola, la vía de la migración –y la vía de las redes de protección social-).
7. Los programas de DTR requieren una compleja arquitectura institucional.
8. Los programas de DTR deben orientarse y formularse con horizontes de mediano y largo plazo.

OTRAS VISIONES SOBRE DESARROLLO RURAL

No son muchas las formulaciones sobre desarrollo rural planteadas en términos comprensivos de las múltiples relaciones de este mundo, en cuanto a definición de su pertinencia para la sociedad, los vínculos con el exterior, las múltiples relaciones sociales y de poder  que le son propias y se expresan en su multiculturalidad y pluralidad, así como su importancia para las dinámicas ambientales y productivas.

Dentro de las propuestas que se han desarrollado, se retoman algunas especialmente por la integración que hacen de temas importantes para el desarrollo rural. Absalón Machado estimó que “Una teoría del desarrollo agrícola que no esté enmarcada en una más general del desarrollo, que explique satisfactoriamente la dinámica del crecimiento y las interrelaciones económicas, sociales y políticas entre los diferentes actores del desarrollo no puede conducir a una explicación integral de lo que sucede en la agricultura” [9].

En lo que refiere a la formulación del desarrollo rural, Orlando Plaza[10] planteó la necesidad de partir de los siguientes elementos:

• Una visión global de la sociedad nacional.
• Comprensión y análisis del Estado.
• Diferenciación entre desarrollo rural y agrario.
• Diagnóstico e interpretación de la sociedad rural.
• Comprensión del mundo campesino.
• Análisis de las articulaciones con la sociedad global.
• Inscripción en una propuesta de desarrollo nacional.
• Fundamentación de una teoría del cambio.

La academia y los institutos internacionales han hecho un esfuerzo en el último tiempo por delinear nuevamente la idea del desarrollo rural[11]:

• La agricultura se ha vuelto tema del desarrollo dadas la crítica situación del campo, las reformas estructurales, los cambios en los roles del Estado, las instituciones y el mercado.
• Hay un cambio de la visión de los economistas sobre el desarrollo y se ha retornado a los grandes problemas de la agricultura con el uso de un nuevo instrumental, que lleva a comprender el proceso en los niveles macro y microeconómico.
• En el nivel macro, se intenta entender la relación entre macroeconomía y agricultura de acuerdo a la etapa de desarrollo que atraviesa cada economía.
• En el nivel micro, se enfocan las fallas de los mercados intertemporales (seguros, crédito), de tierras y de trabajo como obstáculos para el desarrollo, y sobre los cuales se han hecho los diseños institucionales que se convierten a su vez en otro tipo de obstáculo.

Según esta visión de los institutos internacionales recogida por el Banco Mundial, la naturaleza de  la intervención pública debe cambiar de acuerdo a la etapa del desarrollo, aceptando un papel activo del gobierno para la asignación de recursos dentro de la actividad del sector. En la literatura internacional, dice López, se está “lejos de la visión del mercado puro o Estado puro, y se considera que es posible conciliar los imperativos de eficiencia económica y justicia social”.

En los espacios latinoamericanos, desde hace décadas se muestra el interés por definir los temas nodales del desarrollo rural, como un reconocimiento precisamente a su inexistencia. A finales de los ochenta, Gustavo Gordillo[12] sugirió trabajar sobre los siguientes elementos:

• Concepto de propiedad en el medio rural.
• Las políticas de asignación de recursos.
• La profundización de la desigualdad social.
• Las relaciones intersectoriales.
• El papel de la agricultura en el desarrollo y la perversidad de los procesos de industrialización.
• El estatus del campesinado.
• La democracia agraria.

Alain De Janvry[13] propuso que los nuevos principios del desarrollo rural debían ser:

• Políticas macroeconómicas y sectoriales que no discriminen contra el desarrollo rural.
• Descentralización de la gobernabilidad y mejoramiento de la capacidad de los gobiernos locales.
• Coordinación entre agencias, organización de los hogares y mediación de las ONG entre el Estado y el mercado.
• Empoderamiento a partir de la participación.
• Movilización de recursos locales.
• Devolución a los grupos locales del manejo de los recursos comunes.
• Reconstrucción institucional para atenuar las fallas de mercado y del gobierno.
• Mayor acceso de los hogares a activos para fortalecer procesos de acumulación.
• Mejorar desempeño de los mercados.
• Reducir el sesgo contra los pobres y presión política para el manejo de temas ambientales.

En las últimas dos décadas, han ido ganando espacio los enfoques sobre el desarrollo sustentable, en torno a los cuales es clave reseñar la agroecología, que se define a sí misma como una propuesta sustentable de desarrollo rural, cuya estrategia política busca consolidar unos criterios básicos para el desarrollo[14]:

• Primero, la seguridad productiva sobre la base de sistemas productivos en diversos agroecosistemas.
• Segundo, las reglas para proteger la capa fértil del suelo.
• Tercero, la promoción de la seguridad alimentaria.

En esta perspectiva, Altieri [1999] definió los siguientes requisitos globales para una agricultura sustentable:

• Manejo, uso y conservación de los recursos naturales.
• Desarrollo y difusión de tecnologías accesibles, económicas y aceptables.
• Políticas agrarias compatibles.
• Mercados, precios e incentivos justos.
• Contabilidad de costos ambientales.
• Estabilidad política.
• Cambio institucional y organización social.
• Desarrollo de recursos humanos y capacidades locales.
• Investigación participativa.

Elaboraciones más amplias sobre sustentabilidad y desarrollo rural plantean estos temas, según Martínez de Anguita[15]:

• Análisis del territorio.
• Organización de  las actividades en el territorio.
• La sostenibilidad ecológica ligada a la planificación física.
• La sostenibilidad económica ligada al análisis económico regional.
• La sostenibilidad social ligada a la participación y la educación.
• Los planes de desarrollo.
• La financiación de planes.

Un punto de vista más cercano a los procesos locales desde la perspectiva de la sustentabilidad, propuesto por Julio Carrizosa[16], quien propone mirar:

• Políticas territoriales, gestión ambiental y sostenibilidad local.
• Prospección de la sostenibilidad local.
• La sostenibilidad de los municipios: zonas de vida, unidades biogeográficas y población.
• Concentración de poder en zonas de ecosistemas: características físicas, bióticas, sociales, económicas y políticas.

Para bien de los actores, trabajos y políticas rurales ha ganado espacio el requisito de diseñar estrategias, políticas y modelos de desarrollo con perspectiva de género, en especial, poniendo de presente, como propone Fabiola Campillo[17]:

• Las mujeres campesinas como sujeto del desarrollo.
• La importancia de las mujeres en los procesos de trabajo.
• El desarrollo de las estrategias productivas.
• El aporte en trabajo no reconocido.
• La necesidad de promover la captación y uso de estadísticas que recojan los roles desempeñados por las mujeres, así como sus propuestas.

Una versión desde la economía ambiental discute que el desarrollo rural visto desde una “perspectiva agrarista” no puede ser el eje en cuanto el uso del suelo centrado en la producción agropecuaria no contempla adecuadamente la distribución en la sociedad entre los costos y beneficios de la transformación de los ecosistemas, caso en el cual estima que el propósito de una política para lo rural no debe ser el ordenamiento de la propiedad de la tierra sino el de los usos ambientales y el pago por sus servicios[18].

LA PROPUESTA DE LA AGENDA MÍNIMA DE PAZ DE PLANETA PAZ

Planeta Paz desarrolló entre los años 2003 y 2007 un trabajo con líderes y organizaciones populares de varios departamentos del país tendiente a discutir, proponer y sistematizar los ejes básicos que, desde el punto de vista de dichas organizaciones, debía ser llevado a instancias de discusión sobre la paz. El resultado fue la Agenda Mínima de Paz, de la cual se recogen los temas de trabajo propuestos en las agendas agraria y ambiental, y de soberanía y seguridad alimentarias, que corresponden al Eje de Sistema Económico y Social[19].

AGENDA MÍNIMA DE PAZ – PLANETA PAZ

Temas y contenidos de las Agendas Agraria y Ambiental

Temas	Contenidos
1.  La diversidad de la sociedad rural colombiana	. Pluralidad Social y étnica.
	.Diversidad de actores sociales, políticos y culturales.
	.Diversidad de las formas de producción.
	. Multiculturalidad.
	. Relación con territorios y  ambiente caracterizado por su bio y magadiversidad.
2. La responsabilidad pública del Estado en la regulación, intervención y planificación del mundo rural.	. Intervención en funciones sociales, de garantía de participación, seguridad y soberanía alimentarias.
3. La diferenciación entre el desarrollo rural y agrario.	. Producción agropecuaria y propiedad de la tierra.
	. Estructura de la tenencia de la tierra.
	. Redistribución del ingreso y de los medios de producción.
	. Infraestructura de los servicios públicos rurales.
	. Transformación y comercialización de la producción rural.
	. Conservación, protección y recuperación de la biodiversidad.
	. Desarrollo tecnológico sustentable.
	. Conocimiento científico y saberes tradicionales o ancestrales.
	. Especificidades locales y regionales.
4. Diagnóstico e interpretación de la sociedad rural.	. Producción agropecuaria y propiedad de la tierra.
	. Caracterización de las diversas formas productivas rurales.
	. Reconocimiento social de las poblaciones rurales.
	. Caracterización de los conflictos rurales y de los actores.
	. Caracterización de la especificidad territorial de cada región.
	. Reconocimiento social y político de las diversas cosmovisiones.
	. Comprensión de las causas el significado de la migración y el desplazamiento.
	. Interrelación entre los ecosistemas, agroecosistemas y las culturas rurales.
	. Caracterización de la relación entre mundo rural y urbano.
5. Las relaciones con la sociedad global	. Incidencia de las políticas de desarrollo nacionales, regionales y globales sobre el mundo rural.
	. Caracterización de las formas de apropiación del conocimiento científico y ancestral, de los recursos genéticos y de los paquetes tecnológicos.
	. Caracterización de los megaproyectos y su impacto.
	. Caracterización de los tratados de libre comercio y de los mercados comunes, y su impacto sobre planes de vida y de manejo ambiental de las comunidades.
6. Las relaciones con los modelos y las políticas de desarrollo.	. Imaginarios de los modelos.
	. Caracterización de las posiciones que se le asignan al mundo rural en los modelos y políticas.
	. Caracterización de las relaciones entre las formas de producción y el medio ambiente y las políticas de desarrollo.
	. Caracterización de las prácticas y planes de vida y manejo ambiental de los  modelos populares de desarrollo rurales.
7. La tierra	. Redistribución de la tierra: ¿qué, cómo, mediante, para qué, a quién se redistribuye?
	. Respeto, constitución y consolidación de territorios conforme corresponda a los diferentes sectores étnicos y populares del agro.
	. Democratización y regulación del mercado de la tierra.
	. Política pública de producción de la tierra y criterios ambientales para su uso.
	. Infraestructura de la producción.
	. Soberanía y seguridad alimentarias.
	. Colonización
8. Los actores.	. Políticas con respecto a los actores populares.
	. Garantías para que la población civil rural no sea involucrada en el conflicto.
9. La sustentabilidad.	. Seguridad y soberanía alimentaria.
	. Desarrollo y fortalecimiento de tecnología alternativa.
	. Biotecnología y revolución verde.
	. Soberanía sobre los medios de producción y los mercados.
	. Producción y política fiscal.
10. Los cultivos de uso ilícito.	. Cultivos tradicionales y cultivos de uso ilícito.
	. Erradicación y sustitución forzada.
	. Erradicación, medio ambiente y salud.
	. Cultivos de uso ilícito y desarrollo sustentable.
	. Mercado lícito de cultivos tradicionales.
	. Descriminalización de las poblaciones.
	. Control sobre los insumos.
11. La relación campo – ciudad	. Articulaciones, garantías, redes.

Fuente: Grupo de Paz [2007].

 

AGENDA MÍNIMA DE PAZ – PLANETA PAZ

Temas de la Agenda de Soberanía y Seguridad Alimentarias

Temas

1. Derecho a la alimentación y a la nutrición digna, limpia, sana y ecológica.

2. Seguridad, soberanía y autonomía alimentaria y nutricional.

3. Autonomía cultural alimentaria.

4. Política alimentaria integral.

5. Territorios y planeación regional.

6. Agua como bien común para preservar la vida y la seguridad alimentaria.

Fuente: Grupo de Paz [2007].

PROPUESTAS EN DEBATE PARA RESOLVER EL PROBLEMA

Este punto hace énfasis en tres propuestas que están a la orden del día para debatir sobre lo rural: el proyecto de ley sobre desarrollo rural gubernamental, el proyecto de la Mesa de Unidad Agraria, la Nueva Política Agraria de las FARC. También se enuncian los ejes propuestos por el INDH 2011 y los criterios de discusión desde el enfoque del Buen Vivir, propio de organizaciones indígenas y afros.

Proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural

El gobierno ha presentado una propuesta denominada Proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural[20], que tiene dos ejes de trabajo: primero, el marco general, el desarrollo rural y  las políticas públicas; segundo, los instrumentos de ejecución de la política de tierras.

El primer eje centra su propuesta en el desarrollo rural con enfoque territorial, a partir del cual desglosan la política desarrollo rural, los apoyos al desarrollo productivo, las políticas para acrecentar la acumulación de capital humanos social y físico, y la política de adecuación de tierras.

El segundo eje está dedicado a los instrumentos de ejecución de la política de tierras, donde son centrales la planificación del ordenamiento de la propiedad y el uso de las tierras rurales, los procedimientos agrarios, la formalización y acceso a la propiedad rural, los mecanismos de administración del mercado de tierras y uso eficiente del suelo.

En términos de la formulación explícita en su articulado, el proyecto parece estar orientado con mayor énfasis a resolver problemas de propiedad de la tierra y la consolidación de una frontera agropecuaria a la cual propone ponerle un cierre. Desde la perspectiva territorial, lo propuesto se evidencia con la definición del llamado derecho real de superficie, de las zonas de reserva campesina y las zonas de desarrollo empresarial.

El proyecto gubernamental tiene, en primera instancia, las siguientes virtudes.

El proyecto de ley reabre un debate sobre el tema del desarrollo rural y centra la discusión en torno a lo territorial, enfoque sustancial en un país multidiverso y pluricultural, y cuyas expresiones o dinámicas sociales y políticas sin duda tienen materialidad concreta en los territorios.

Desde el punto de vista conceptual, el proyecto de ley se pone en sintonía con desarrollos académicos sobre el tema rural al formalizar un enfoque sobre lo territorial, lo que es un avance porque el mayor riesgo ha estado en la intervención que se ha hecho en los territorios de manera arbitraria, bajo la ley del más fuerte. El proyecto le pone el reto a la academia de abrir el debate sobre cómo entender el territorio y sus actores.

Si se revisan las definiciones clásicas sobre desarrollo territorial rural se encuentra que el proyecto acoge exactamente la planteada por Alexander Schejtman y Julio Berdagué, según la cual es el proceso de transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza en el campo. Si se acude al texto del proyecto de ley se encuentra que este es el espíritu conceptual dentro del cual se ha planteado y que, en consecuencia, trata de acoger las dinámicas discursivas de los últimos tiempos en el contexto latinoamericano.

Otro punto positivo es el propósito de darles un lugar y un espacio a los pequeños y medianos productores, lo que no era usual en los programas de políticas rurales en los últimos tiempos. Así mismo, hay una intención de formalizar la participación de las mujeres, y un capítulo sobre la participación étnica o sobre cómo estos pueblos entran a participar de la dinámica rural.

Sin embargo, el proyecto de ley tiene las siguientes dificultades.

1. Para ser un proyecto que se define con enfoque territorial, tiene una visión recortada del territorio, no solo porque lo vacía de sus condiciones ecosistémicas sino porque no pone en consideración aquellos que están destinados a usos diferentes a los agrícolas; paradójicamente, no se dice qué hacer con los territorios ocupados hoy día por la agricultura empresarial, los ganaderos y la minería. Sigue siendo un enfoque sectorial que estaría queriendo decir que no hay intención de tocar la estructura actual de la propiedad de la tierra, más allá de aquella que ha estado involucrada en procesos de despojo.

Este problema deriva de la concepción misma del Desarrollo Rural Territorial que apuesta, en sus formuladores clásicos, por las transformaciones sociales y productivas para resolver la pobreza pero no dice nada de la transformación de las relaciones de poder que se constituyen en la tenaza más dura para impedir los cambios en el mundo rural, en particular, colombiano.

Este enfoque tampoco aporta a la discusión sobre la manera como la reconfiguración de los territorios rurales, los recursos disponibles en ellos y sus poblaciones están siendo objeto del reordenamiento de los patrones económicos y políticos, así como de la articulación a los mercados mundiales, sin que se pongan en discusión sus impactos ambientales, sociales, políticos, culturales y diferenciales.

2. El proyecto hace caso omiso del conjunto de actores que se mueven en el mundo rural. Hay un salto entre los pequeños y medianos productores y la figura de las zonas de reserva empresarial. Es clave reconocer que el proyecto recupera una cierta tradición liberal consistente en integrar a un sector del campesinado al esquema propuesto de desarrollo rural, que en este caso se entendería como la intención de crear una clase media rural vinculada a algunas de las actividades productivas. Una crítica a esta práctica liberal ha hecho ver que la vieja política para lo rural se caracterizó por formas de integración parcial y desvalorización relativa de sectores del campesinado que se rompieron tanto con los cambios en los patrones tecnológicos como con la emergencia de una visión radical del nuevo enfoque, puesta en práctica por el gobierno de Álvaro Uribe, que pretende usar todos los territorios y todos los recursos a cualquier costo[21].

3. Es un mundo rural sin conflictos que deben ser transformados a través de la política. El proyecto acude a mecanismos en particular jurídicos para intentar ajustar, por ejemplo, la propiedad de la tierra, pero no tiene un enfoque de construcción de la paz entendida como la superación de los conflictos transformando el férreo control de los recursos y del poder, entre otras, por el déficit que tiene en el reconocimiento de los actores del mundo rural.

4. La visión ambiental es bastante frágil y no es un eje articulador del proyecto, más allá de referencias a mecanismos de conservación o manejo de sistemas. Es decir, las distintas unidades ambientales están ausentes de la mirada territorial.

5. Ante la vigencia de tantos acuerdos comerciales con otros países, no hay definiciones sobre cómo preparar a los territorios y actores, quizá porque la agenda interna para el tema se trata por aparte o está en déficit en la política gubernamental misma.

6. Acude a propuestas institucionales que redundan en lo ya puesto en práctica, que deja mucho que desear sobre su capacidad para enfrentar los retos rurales actuales. No hay una propuesta de institucionalidad para lo territorial rural, más allá de múltiples espacios de participación, y lo definido no es concordante con la institucionalidad creada, por ejemplo, por la Ley de Ordenamiento Territorial. Puesto en juego el cuerpo legislativo aprobado en este período gubernamental,  no se sabe cuál institucionalidad va a primar en el territorio, si la que define la Ley de Ordenamiento, que es mucho más amplia y compleja o la que define el texto del proyecto. Sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos formales  institucionales que define el proyecto de Ley de Desarrollo Rural no tienen cabida en el cuerpo institucional que define la Ley de Ordenamiento. No se puede pretender innovar en lo conceptual y conservar la organización institucional antigua, sin mencionar el impacto que tendrá la institucionalidad minera, completamente ausente del juego.

Proyecto  de Ley General de Tierras, Reforma Agraria y Desarrollo Rural Integral

Está para la debate una propuesta presentada por la Mesa de Unidad Agraria –MUA- llamada Proyecto  de Ley General de Tierras, Reforma Agraria y Desarrollo Rural Integral[22] , que centra su enfoque en el Desarrollo Rural Integral, entendido como aquel que permite el mejoramiento progresivo de la calidad de vida de las comunidades rurales, su participación, organización y capacidad de decisión para la orientación del desarrollo y la defensa de sus intereses. Desde esta definición, el proyecto busca permitir la garantía del acceso progresivo por parte de las comunidades rurales a la propiedad de la tierra, priorizar la producción de alimentos, establecer las bases de un desarrollo rural armónico, sustentable y sostenible entre la población y el medio rural, mejorar la calidad de vida, la equidad social y redistribuir de manera justa la tierra y los recursos del territorio, todo sobre la base de una planeación estratégica y participativa.

El proyecto desarrolla ocho ejes de trabajo: las disposiciones generales, que incluyen una extensa enumeración de principios y objetivos; la organización del sector sobre la base un conjunto de sistemas y subsistemas pata el desarrollo rural; las disposiciones para la producción agropecuaria, básicamente factores de producción, investigación, inversión y descentralización; el papel del Incoder y sus programas; las acciones institucionales a favor de los desplazados y desarraigados; los derechos de las mujeres; el patrimonio genético y la defensa del ambiente.

Lo que sustenta este proyecto está en la relevancia que otorga a la comunidad rural, el control que se espera tengan del territorio y los recursos, el cumplimiento de derechos fundamentales en particular para las mujeres rurales y la población desplazada, la participación y la planeación del desarrollo del sector.

Sin embargo, este proyecto presenta déficits similares a los del proyecto gubernamental, en el sentido que, si bien coloca el énfasis en el campesinado, las mujeres rúales y los pueblos étnicos, no hace consideraciones sobre los demás actores del mundo rural, sus valoraciones ambientales son precarias y relacionadas espacialmente con mecanismos de política, no desarrolla un análisis sobre el territorio y la propuesta institucional es demasiado compleja en cuanto a mecanismos de participación.

Programa Agrario de los Guerrilleros

En el contexto de hoy día, relacionado con la Mesa de Acuerdo entre el gobierno y las FARC, es necesario referir los contenidos básicos del Programa Agrario de los Guerrilleros, promulgado el 20 de julio de 1964[23]. Este Programa ha tenido ampliaciones sucesivas en el tiempo hasta llegar a definirse en sus alcances como la lucha “por el establecimiento de un régimen político-democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia”.

Dirigido en su formulación inicial a los campesinos, obreros, estudiantes, artesanos, soldados, intelectuales, policías y oficiales patriotas, hombres y mujeres de Colombia, el Programa hace un recuento de las agresiones de que han sido víctimas los campesinos por la fuerza del gran latifundio, los ganaderos, el gran comercio, los gamonales y los comerciantes de la violencia, así como por la oligarquía que a sangre y fuego detenta el poder. La propuesta se desglosa en ocho puntos que, sin las referencias específicas de análisis, refieren a:

• Una política agraria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano con la entrega de tierra gratuita a los campesinos que la trabajan, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista. Dicha entrega estará acompañada de ayuda técnica, infraestructura, herramientas y animales de labor para una explotación debida. De esta manera se eliminan las trabas del latifundismo y se impulsa el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país.

• Se entregarán títulos de propiedad a todos los campesinos, en sus diversas formas de tenencia, ocupación y labor, sin que subsistan la aparecería y el arriendo. Se creará una unidad económica de acuerdo a las condiciones de fertilidad, entre 10 y 20 hectáreas.

• Se respeta la propiedad de los campesinos ricos que trabajen la tierra.

• Habrá sistemas de crédito, semillas, asistencia técnica, etc., para campesinos y cooperativas, así sistemas de irrigación y electrificación, y centros oficiales de experimentación agro-técnica.

• Se atenderán los servicios de salud, educación, erradicación del analfabetismo y se promoverán programas de becas para estudios técnicos y superiores, así como un vasto plan de vivienda.

• Se garantizarán precios de sustentación para los productos agropecuarios.

• Se protegerá a las comunidades indígenas con tierra suficiente para su desarrollo y retornándoles las usurpadas por los latifundistas, así como modernizando sus cultivos.

• Se fortalecerá la alianza obrero-campesina y el Frente Unido para la lucha contra la vieja estructura latifundista

• Las FARC promulgarán una primera Ley de política agraria revolucionaria para un gobierno democrático de Liberación Nacional.

En los últimos años, en espacial a partir de la Octava Conferencia realizada en 1993, las FARC actualizaron su Programa Agrario ampliando su visión con la consideración de la necesidad de proteger la agricultura nacional frente a los procesos de apertura, la comercialización de los narcóticos y la explotación de los recursos naturales. Esta Conferencia inicia la fase de legislación de las FARC concluyendo que el Programa Agrario es la Ley 001 de obligatorio cumplimiento para su militancia y que debe ser aplicada a la población en sus áreas de influencia, así como la decisión de desarrollar la política agraria revolucionaria para combatir aquella de la oligarquía, con lo cual esta organización se asume como Estado en la formulación de política para el agro[24].

En el marco de los diálogos del Caguán, se hicieron nuevos ajustes a la política, vinculando los  temas relacionados con el reordenamiento territorial relacionado con el proyecto de la Nueva Colombia, que propone la realización de megaproyectos hídricos, viales y de exportación para viabilizar el uso de racional de los recursos naturales; la protección de la producción nacional frente a una crisis alimentaria que pronostican, sin por ello abandonar la posibilidad de exportar los excedentes; la renegociación de los acuerdos de comercio; el desplazamiento forzado, la mayor concentración de la propiedad de la tierra, la emergencia de los paramilitares y los cultivos ilícitos, todos, elementos claves de lo que llamaron la Nueva Política Agraria [Caicedo 2009].

INDH 2011 y BUEN VIVIR

En otro campo de los debates actuales, el INDH 2011 desarrolla una propuesta fundamentada en el concepto de desarrollo humano, cuyos pilares refieren a una reforma que transforme la realidad rural y que, partiendo del reconocimiento del fracaso del modelo agrario, apunte a “combatir la pobreza y resolver el conflicto rural para alcanzar una sociedad estable, sostenible e involucrada en un proceso de modernización permanente” [INDH 2011, 376].

El INDH 2011 propone “más Estado en la sociedad y menos mercado en el Estado”, con el propósito de adelantar las acciones que den lugar a la resolución de la pobreza y promuevan la inclusión, la seguridad humana, el desarrollo institucional, el desarrollo rural y una política de integral de tierras.

Una de las características del enfoque territorial sobre el desarrollo rural es que aproxima a los pueblos indígenas y afros a este mundo, siendo que tradicionalmente la política sectorial los trató aparte. La lógica de explotar todos los territorios y todos los recursos pone en la mira del desarrollo económico reprimarizador los territorios que son propios de estos pueblos y se tiende a integrarlos al discursos sobre lo rural.

Desde las organizaciones indígenas y afros se ha venido elaborando una perspectiva analítica y política denominada buen vivir, que cuestiona los fundamentos del desarrollo convencional y lo niega como estrategia de política para las definiciones presentes y futuras. Esta perspectiva ha empezado a incidir en las lecturas de las organizaciones campesinas pero aún no logra tomar cuerpo en sus propuestas, en especial, porque deviene de formas muy específicas de constitución de las identidades ancestrales que no se corresponden en todo con la manera como el campesinado ocupa los territorios, define sus subjetividades y marcos de relaciones.

Sobre este breve estado del arte relacionado con la cuestión rural, el siguiente aparte hace un intento de síntesis que, obviamente, implica una posición analítica y política sobre lo que podríamos llamar una idea del desarrollo rural para el buen vivir, en tanto integra algunos de los elementos de las concepciones reseñadas, pero que, en especial, se piensa frente al estado actual y futuro de los recursos naturales, la creación de condiciones de bien-estar y paz de la sociedad en su conjunto. Una visión desde la ecología política podría ayudar a un mejor entendimiento de la cuestión rural y el enfoque para su desarrollo.

LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA

Estamos abocados a decidir qué debe ser el mundo rural para la sociedad colombiana, su contribución a causas globales que llaman a resolver los problemas de hambre e injusticia, así como de riesgos ambientales para el planeta, cuál el uso de los recursos y por parte de quién, cuál su contribución a la creación de democracia, entre otras.

Se acude entonces a los elementos propuestos por las ciencias ambientales, en particular, la ecología política y la economía ecológica, con especial énfasis en la reorganización del manejo de los recursos y territorios, la transformación de los conflictos, el papel de los actores y el diseño institucional para proponer los temas que se estima son sustanciales para una política sobre la cuestión rural que permita resolver la arbitrariedad y desigualdad que le han caracterizado.

Los lineamientos propuestos hacen explícita una forma diferente de abordar el análisis de lo rural, usualmente pensado desde los problemas jurídicos de la tierra, los mercados, la competitividad, los grupos que se estiman eficientes, el cumplimiento positivo de los derechos y los programas residuales para la población campesina.

Las unidades básicas sobre las cuales se propone pensar dicha cuestión rural son del siguiente orden secuencial:

1. Interpretación del papel de las sociedades rurales y sus procesos de articulación con la sociedad global.
2. La política para lo rural y la transformación de los conflictos o sobre cómo superar la injusticia socioeconómica y cultural, bases de las fallas de reconocimiento y redistribución.
3. Ambiente y territorios.
4. Actores locales, redes de socialización y  trabajo (relaciones rural – urbanas).
5. Buen vivir.
6. Agendas y políticas sectoriales (usos ambientales, agrícolas, ganaderos, mineros, forestales).
7. Mercados y competitividad (relaciones rural – urbanas y mercados externos).
8. Contextos y códigos de conducta.
9. Instituciones (entendidas como organizaciones públicas).

Se desarrollan a continuación los contenidos básicos para cada una de estas unidades.

Interpretación del papel de las sociedades rurales y sus procesos de articulación con la sociedad global

Trata aspectos como los siguientes:

• El estado actual de los recursos físicos naturales y las sociedades rurales.
• Los conflictos por la transformación de los recursos: territorios, territorialidades y nación.
• Corrientes internacionales que recomponen las relaciones y el papel de lo rural.
• El papel del mundo rural para la construcción de la democracia.
• Culturas: desarrollo y no desarrollo.
• Huella ambiental: el papel del mundo rural para la construcción de una nueva visión ambiental y una nueva economía.
• Huella alimentaria: la alimentación y la salud como nuevos ejes organizadores de la relación del mundo rural con la sociedad.
• Otros elementos de la huella ambiental: agua, minería, bosques, usos ambientales y  relaciones rurales – urbanas: ¿cómo tratarlos?

La política para lo rural y la transformación de los conflictos o sobre cómo superar la injusticia socioeconómica y cultural, bases de las fallas de reconocimiento y redistribución

Trata aspectos como los siguientes:

• Qué entendemos por construcción de paz.
• El lugar que corresponde hoy día a la negociación del conflicto armado y su impacto en el mundo rural.
• Espacio y geografía como generadores y transformadores de conflictos.
• El papel del mundo rural para la construcción de la paz: reconocimiento y redistribución.
• El papel mundo rural para construir los aspectos diferenciales de género y étnicos.
• Una visión sobre todos los actores rurales, en particular, sobre el campesinado.
• Justicia Trivalente como base de la resolución del problema de la tierra (reconocimiento, desconcentración de la propiedad, redistribución).

Ambiente y territorios

Se propone abordar el tema bajo la siguiente ruta:

Valoración constructiva y potencial de los territorios y estado actual de los recursos naturales (contabilidad de costos ambientales) —-> Unidades ambientales: zonas de vida, unidades biogeográficas —-> Modelos y construcciones  territoriales —-> Potencialidad de los usos agrícolas, pecuarios, forestales,  ambientales, forestales y mineros —-> Sustentabilidad y planeación física. Agroecosistemas —-> Organización territorial para la transformación productiva

Actores locales, redes de socialización y trabajo (relaciones rural – urbanas)

Superar el estado de islas productivas y territorios improductivos implica transformar el comportamiento de actores para lo cual es útil identificar los siguientes elementos para tomar decisiones sobre los actores que pueden, desde un aval social, ocupar los territorios:

• Redes que controlan más recursos que otras: concentraciones de poder.
• Explotación y acaparamiento de oportunidades por una red.
• Emulación y adaptación por parte de redes.
• Redes subordinadas.
• Introducción de ciertas nuevas formas de organización que dan predominancia a una red y producen más o menos desigualdad.
• Prioridades en la organización dentro del territorio.
• Control de medios coercitivos.
• Corrientes urbanas que se integran o desestructuran el mundo rural.
• Corrientes internacionales de control de recursos.
• Definición de redes existentes o por crear como potenciales para potenciar lo rural.
• Desarrollo de recursos humanos.
• El rol de los actores: quiénes, cómo y dónde.

Buen vivir

La cuestión rural se debe inscribir en dinámicas regionales que produzcan buen vivir –no sólo calidad de vida- y en el contexto actual del país la forma como se construyen los derechos ciudadanos son el punto de entrada para reconocer la multiculturalidad y la pluralidad que gestan  la democracia:

• Lo público, lo privado, lo común, lo comunitario.
• La construcción del sentido de los derechos.
• Ciudadanías amplias y diversas: géneros y etnias.
• Igualdad de ciudadanías: múltiples actores.
• Consultas vinculantes: participación.
• Protección de las múltiples ciudadanías.
• Múltiples opciones de organización de los territorios y las territorialidades.
• Desarrollo de capacidades locales.

Agendas y políticas sectoriales (usos ambientales, agrícolas, ganaderos, mineros, forestales)

El reconocimiento del estado de los territorios y los recursos, de los actores y redes, así como de las regiones y la construcción de criterios de buen vivir –incluida la calidad de vida- debe conducir a la definición de agendas y políticas sectoriales, dentro de las cuales se debe ubicar el lugar de la agricultura; la ganadería; la minería; los usos forestales; bienes y recursos públicos, comunes y comunitarios; recursos y bienes ambientales, entre otros, bajo consideraciones del siguiente orden:

• Políticas y programas territoriales: propuestas a lo nacional e internacional.
• Prospección de la sustentabilidad local y organización territorial.
• Usos productivos sustentables.
• La distribución de los recursos públicos.
• Intervención privada.
• Cuáles tecnologías para cuáles territorios.

Mercados y competitividad (relaciones rural – urbanas y mercados externos)

• Relaciones espaciales, huellas ambientales.
• Estrategias de mercado según usos productivos sustentables definidos.
• Estrategias según actores.
• Desarrollos de infraestructura.
• Políticas de incentivos.

Contextos y códigos de conducta

El desarrollo de toda inversión debe estar sujeto a este tipo de código de conducta antes de aprobarse, en su seguimiento y evaluación:

• ¿Qué tipo de conflictos operan en el contexto de la inversión?
• ¿Qué tipo de conflictos estimula o transforma positivamente?
• ¿Qué tipo de agendas económicas y sociales impulsa que generen reconocimiento de actores e  inclusión?
• ¿Qué actores empodera y cuáles desvaloriza?
• ¿Qué dimensiones de la democracia fortalece?

Instituciones (entendidas como organizaciones públicas)

Las soluciones institucionales deben incorporar conceptos costo/eficientes pero ellos no son suficientes para generar ni equilibrios democráticos ni de desarrollo, como es evidente en la historia nacional. Por ello, la definición de los mercados potenciales y de los criterios de competitividad no deben preceder las discusiones sobre las unidades básicas previas ya señaladas. Es decir, sobreponer la lógica de mercados y competitividad a los contextos ambientales, regionales y actores es nada más ni nada menos que reproducir la relación funcional entre la política agrícola y la activación de los conflictos, entre otras, porque estimula las disputas por el control de los territorios, recursos, población y rentas. Cuando esto sucede, la institucionalidad pública estatal queda subordinada a los actores con más poder legal o ilegal.

Teniendo como base las unidades ya descritas, la institucionalidad pública estatal que de soporte al desarrollo rural puede considerar organizaciones tendientes a realizar los siguientes componentes:

• Factores ambientales y territoriales.
• Factores sociales y políticos.
• Factores productivos y de mercado (incluida la tecnología).
• Programas y subprogramas.
• Factores financieros.
• Gestión y participación. Aspectos particulares de política diferencial.

En el último año se aprobó una agenda legislativa bastante amplia que incluye algunos aspectos como los ya señalados. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial define unos criterios para que departamentos, municipios y ciudades capitales puedan estructurar formas organizativas de los territorios bajo un esquema organizativo determinado. Sin embargo, esta Ley no hace consideraciones particulares sobre el desarrollo rural y sus agentes. Si se quiere superar el comportamiento de islas y su funcionalidad con los conflictos, entre otros, la política para lo rural debe dotarse de una forma propia para pensar sus estrategias y articularse al cuerpo de la agenda legislativa; es dentro de esta forma que debe comprenderse la cuestión rural y su institucionalidad. De lo contrario, los territorios solo serán botines comerciales.

 

por CARLOS SALGADO ARAMENDEZ